A través de la Resolución 2025-227, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dispuso la creación del Comando Unificado Córdoba con el objetivo de reforzar las estrategias de prevención y control del delito en la provincia.
El Comando Unificado Córdoba estará integrado por la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), además de representantes de la Policía de la Provincia de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcotráfico, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la provincia.
La iniciativa responde a la necesidad de articular esfuerzos entre fuerzas federales y provinciales, optimizando los recursos disponibles para enfrentar el delito de manera más eficaz. La resolución establece el comando operará por un período de 180 días, con posibilidad de prórroga en función de la evolución de la situación de seguridad en la provincia.
La creación de este comando se fundamenta en el creciente registro de delitos en la provincia que afecta la seguridad y tranquilidad de los cordobeses. Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad de la Nación, consideró indispensable la implementación de medidas extraordinarias de coordinación y despliegue territorial que permitan una respuesta más rápida y efectiva a las amenazas delictivas.
La formación de unidades de mando unificado demostró ser una estrategia eficaz en la gestión de operativos interfuerzas, permitiendo optimizar la asignación de personal y recursos en situaciones de alta complejidad. A partir de la experiencia obtenida en comandos unificados previamente establecidos, se busca reproducir estos modelos de éxito en Córdoba, sin duplicar funciones ya existentes, sino complementándolas.
El Comando Unificado estará bajo la coordinación del Director Nacional de la Gendarmería Nacional, quien tendrá la responsabilidad de gestionar los despliegues y operativos conjuntos. Asimismo, la norma invita a las autoridades provinciales a designar representantes para garantizar una coordinación efectiva con las fuerzas locales y los organismos judiciales.
La medida busca garantizar un abordaje integral del crimen organizado y de los delitos de alto impacto, mejorando la prevención y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.